Reconocimiento y efectos del “derecho al error” en sanciones tributarias
Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha reconocido en su sentencia de 28 de noviembre de 2023 un “derecho al error” en materia tributaria, sentando un precedente para eximir de culpabilidad a un contribuyente y anular la sanción que se le había impuesto. Esta postura se alinea con la propuesta del Consejo para la Defensa del Contribuyente (CDC) en 2022, que sugiere incorporar a la Ley General Tributaria (LGT) este derecho a la rectificación de errores sin la imposición de sanciones. Inspirado en el derecho francés, donde desde 2018 los ciudadanos pueden enmendar errores administrativos sin sanción, el CDC propone una visión más comprensiva de la relación entre la Administración y el contribuyente.
¿Por qué es importante el derecho al error en el ámbito tributario?
En la actualidad, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) sigue una política sancionadora automática, donde incluso errores menores, negligencias o confusiones del contribuyente pueden dar lugar a sanciones. Esta práctica no requiere prueba de mala fe, sino que cualquier error en la confección de una declaración puede resultar en la apertura de un procedimiento sancionador. De esta forma, la sanción se activa automáticamente tras la liquidación en una comprobación, incluso si la equivocación es un simple descuido.
Niveles de actuación propuestos por el CDC
La propuesta del CDC sugiere un enfoque más flexible para el reconocimiento del “derecho al error”, entre cuyas medidas se incluye:
- Rectificación sin sanción: Permitir al contribuyente corregir un error sin sufrir sanciones, recargos o intereses.
- Corrección posterior: Si Hacienda detecta el error, el contribuyente podría corregirlo igualmente sin sanción, recargos ni intereses.
- Evaluación del historial del contribuyente: Teniendo en cuenta el historial, podría decidirse si el contribuyente puede acogerse a este derecho al error.
- Prevención mediante comunicaciones informativas: Notificar a los contribuyentes sobre errores detectados, para que puedan regularizar la situación sin sanciones.
La CDC propone que estas medidas se implementen a través de una reforma de la LGT, garantizando mayor seguridad jurídica para los contribuyentes y reduciendo la carga sancionadora de la Administración.
Relevancia de la sentencia como argumento en recursos contra sanciones
El reconocimiento de este derecho al error puede ser un argumento poderoso para recurrir sanciones, aunque es importante tener en cuenta el contexto en cada caso. Como señalan los expertos, en el sistema sancionador tributario español la negligencia simple es suficiente para sancionar. Por lo tanto, reconocer un error sin más podría no ser la vía más efectiva para anular una sanción.
No obstante, en el marco de la Constitución y del derecho tributario, cualquier sanción exige la prueba de culpabilidad por parte de la Administración. Ante la falta de pruebas claras de culpabilidad, este derecho al error podría ser invocado como alternativa. Además, el artículo 179.2.d) de la LGT establece que si el contribuyente ha actuado conforme a una interpretación razonable de la norma tributaria, no hay error ni culpabilidad, lo cual eximiría de responsabilidad. Así, plantear el error como una interpretación alternativa de la norma puede ser un argumento válido en un recurso sancionador.
En conclusión, el derecho al error representa un paso hacia una relación más justa entre la Administración y el contribuyente, permitiendo rectificar sin sufrir automáticamente las consecuencias de un error no intencionado. Si bien invocar este derecho debe hacerse con prudencia y en casos bien justificados, la reciente sentencia del TSJ de Galicia y las recomendaciones del CDC abren la puerta a una mayor flexibilidad y seguridad jurídica para los contribuyentes. En cualquier caso, contar con el apoyo de profesionales en gestión tributaria resulta clave para evitar sanciones y manejar adecuadamente estos recursos.
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