Facturas electrónicas en las administraciones públicas

En la era de la revolución tecnológica se pedía una renovación en la gestión burocrática par facturar a la Administración Pública. Pues bien, El día 15 de enero de 2015 entrará en vigor el uso de la factura electrónica en el sector público.

Su finalidad es formar una relación contable de facturas, regulando el procedimiento para su tramitación en los organismos públicos y las actuaciones de seguimiento por los órganos competentes.

Facturas electrónicas, ¿una obligación?

Los proveedores que hayan prestado servicios a la Administración Pública tendrán la obligación de expedir y presentar a través del Punto general de entrada que corresponda la factura electrónica.

El organismo público tiene la potestad de no obligar a la facturación electrónica a facturas de menos de 5.000 € y a las emitidas por los proveedores a los servicios competentes, hasta que cumplan los requisitos para su presentación en el Punto general de entrada.

Punto general de entrada de facturas electrónicas 

El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, dispondrán de un punto general de entrada de facturas electrónicas a través del cual se recibirán todas ellas.

Este servicio ofertará intermediación entre quien presenta el cargo y la oficina contable competente para su registro. También el consignatario podrá consultar el estado de tramitación de la factura en cualquier momento.

Todas las facturas electrónicas presentadas a través del punto general de entrada producirán un comprobante, facilitando un justificante electrónico con fecha y hora de presentación. Además, proporcionará un servicio automático de envío electrónico, de las mismas, a las oficinas contables competentes para su registro.

¿Y en el Sector Privado?

Las administraciones públicas deberán emitir facturas electrónicas a empresas o particulares que acepten recibirlas o las hayan pedido. No obstante, las agencias de viaje, los servicios de transporte y las actividades de comercio al por menor están obligadas cuando la contratación se haya llevado a cabo por medios electrónicos.

El gobierno podrá aplicar este sistema de facturación electrónica a empresas o entidades que no sean de especial trascendencia económica, cuando crea que deba haber un medio que permita la realización de ciertos trámites electrónicos con los clientes y emitan un número elevado de facturas.

Los organismos públicos deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para todo el que tenga que ver con la facturación (leer, imprimir, descargar, etc…) y la revocación de consentimiento dado a la recepción de facturas electrónicas en cualquier momento. El periodo de consulta seguirá siendo el mismo en cualquier caso.

Las empresas que no ofrezcan el servicio de facturación electrónica, estando obligadas a ello o que presten servicios de especial trascendencia económica, serán sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 10.000 €.

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